Relaciones contractuales en el marco de la crisis sanitaria por Covid-19

Actualizado: jul 14

Dado el contexto sanitario mundial como consecuencia del brote de Covid-19, tras la declaración de emergencia sanitaria global y del consecuente decreto de necesidad y urgencia nro. 297/2020 promulgado por el poder ejecutivo en la República Argentina que restringe la movilidad de los individuos en general, resulta conveniente analizar brevemente las disposiciones generales previstas para los casos de fuerza mayor y la correspondiente imposibilidad de cumplimiento en la normativa Argentina.

En función de lo expuesto, el presente texto tiene por finalidad:

· Establecer los principios generales que puedan ayudar a determinar la responsabilidad ante una situación de incumplimiento en el contexto actual.

· Dar recomendaciones generales en relación a contratos vigentes bajo la ley argentina.


Los principios delineados a continuación no consideran situaciones particulares ni constituyen una opinión legal. Las mismas deben ser analizadas según sus propias características toda vez que pueden ser afectadas por regulación especial o por previsiones contractuales.

¿Qué se entiende por fuerza mayor bajo la ley argentina?

Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad.

Si la imposibilidad sobreviniente es temporaria, la misma tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible.

Según lo establecido precedentemente, en general el caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Sin perjuicio de ello debe considerarse que el caso fortuito o fuerza mayor no es de aplicación automática por lo que quien se vea forzado a incumplir una obligación previamente asumida debe invocarlo expresamente estableciendo con claridad la proporción entre la situación de fuerza mayor y su incumplimiento.

¿Qué otros institutos pueden ser utilizados en este contexto según la ley argentina?

En el ordenamiento legal argentino, además del caso fortuito o fuerza mayor hay otros institutos que podrían ser invocados en el contexto actual como consecuencia del brote de Covid-19.

(i) Imprevisión. Si en el marco de una relación contractual no azarosa y de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a solicitar la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.

A diferencia de los casos de fuerza mayor y de imposibilidad sobreviniente, la imprevisión no requiere que el cumplimiento de la obligación sea imposible, bastando para ello que sea excesivamente onerosa que la misma no sea parte del riesgo asumido al contratar y que no se derive de su propio accionar.

(ii) Suspensión del cumplimiento. En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente sus obligaciones, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir.

(iii) Tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado.

¿Puede el Covid-19 eximir a una de las partes del cumplimiento de sus obligaciones contractuales?

La existencia de una causal de eximición por fuerza mayor u onerosidad sobreviniente en el actual contexto de pandemia por Covid-19 dependerá del vínculo causal (relación de consecuencia) entre el COVID-19 y las medidas asumidas en consecuencia y el incumplimiento.

Asimismo ‑considerando la particular relevancia que otorga el ordenamiento legal argentino a la buena fe en el ejercicio de los derechos y la prohibición expresa a su ejercicio abusivo‑ ante un escenario contencioso, la actitud previa y consecuente asumida por el incumplidor será especialmente determinante.

La situación de incumplimiento en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, en general, puede darse por dos presupuestos:

(i) Disposiciones gubernamentales tales como una restricción general o particular a las actividades, orden de cierre de plantas o negocios y cuarentenas obligatorias limitando el número de operarios.

(ii) Situaciones fácticas tales como interrupciones a la cadena de suministros, enfermedad general de la planta de trabajo, limitaciones al trabajo remoto.

En el primer caso, la prueba del caso fortuito o fuerza mayor será más sencilla toda vez que se basa en circunstancias objetivas y en hechos del príncipe. En el segundo caso, la misma será más difícil toda vez que la configuración del caso fortuito se relaciona directamente con decisiones asumidas por las partes en el marco de un contexto desfavorable. Según lo establecido precedentemente, debe considerarse que tanto el deber de buena fe como la restricción al abuso del derecho y la obligación de no dañar a otro, implican que la parte afectada asuma medidas razonables para mitigar los efectos impuestos por el contexto.

¿Es la fuerza mayor causal de eximición en todos los casos?

Ni la fuerza mayor ni la excesiva onerosidad sobreviniente operan automáticamente, siendo de especial relevancia las disposiciones contractuales que regulen voluntariamente la relación entre las partes, en caso que las hubiere.

Debe considerarse que aun ante caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor será responsable en los siguientes casos:

a) si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad;

b) si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento;

c) si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento;

d) si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa;

e) si el caso fortuito y, en su caso, la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad;

f) si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito.

Obligaciones de genero: Es importante destacar que el caso fortuito no opera como causal de eximición frente a las obligaciones de dar cosas determinadas sólo por su especie y cantidad (i.e. obligaciones de género) en tanto la cosa debida no haya sido previamente individualizada. Por ejemplo, en el caso de entregar determinada cantidad de granos, la causal de fuerza mayor no liberará al deudor salvo que ya se hayan individualizado correctamente los granos. En el caso de especialidades medicinales podría interpretarse que la entrega de determinada cantidad de principio activo es una obligación de género y por ende no afectada por causal de fuerza mayor hasta tanto no se haya individualizado debidamente la cosa adeudada.

Cláusula penal: Por último, en relación a los contratos con cláusulas penales establecidas, debe considerarse que la eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente. En tal sentido aun cuando la parte pueda quedar liberada del cumplimiento de la obligación por el contexto dado por el brote de Covid-19, si el contrato establecía una pena específica ante incumplimiento, la causal de eximición será analizada con mayor escrutinio por lo que deberá fundarse con mayor firmeza.

Recomendaciones generales en relación a contratos vigentes bajo la ley argentina.

1) Analizar si los contratos en curso tienen previsiones específicas en relación a la fuerza mayor o a la imprevisión. En general los contratos que contemplan estas situaciones establecen mecanismos para su aplicación tales como notificación dentro de un plazo preestablecido, suspensión temporaria del incumplimiento y resolución transcurrido el plazo de suspensión.

2) Documentar debidamente todas las acciones asumidas para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y aquellas situaciones extraordinarias e imprevisibles o inmanejables que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones. La capacidad de probar esos hechos será crucial para el éxito si la contraparte se niega a aceptar que uno ha sido afectado por fuerza mayor. Si es uno quien niega la fuerza mayor, las medidas asumidas para disminuir los costos derivados del incumplimiento del tercero podrán ser favorablemente acogidos por un juez en un escenario contencioso.

3) Si la imposibilidad de cumplimiento es propia, comunicar de buena fe a la otra parte la situación en la que se encuentra estableciendo un cronograma de actividades a fines de mitigar los efectos de la situación de fuerza mayor.

4) En caso de recibir de su contraparte una notificación de fuerza mayor, solicitar que se aclare específicamente la causal que lo afecta y cómo incide en su capacidad de cumplir.

5) En caso de obligaciones de dar una determinada cantidad y calidad de cosas, establecer si la cosa debida fue debidamente individualizada o no.

6) Si la situación de fuerza mayor o imposibilidad sobreviniente no es permanente, negociar de buena fe un plazo razonable para el cumplimiento, en la medida de lo posible. Dada la naturaleza de la crisis del Covid-19, lo más probable es que la situación de incumplimiento sea temporaria. Por este motivo sería prudente suscribir adendas contractuales para reperfilar las obligaciones asumidas, siempre que la negociación de tales documentos no afecte la relación con la otra parte.

7) En caso de no ser la parte afectada por la crisis sanitaria, debería evaluarse la posibilidad de aplicar el instituto de tutela preventiva en caso que sea razonable presumir que la otra parte no podrá dar cumplimiento a sus obligaciones.

El presente documento no constituye una opinión legal ni una sugerencia para un caso particular. En caso de dudas no deje de contactarnos.


Vertragliche Beziehungen im Rahmen der gesundheitskrise durch Covid-19

In Anbetracht des weltweiten sanitären Kontextes als Folge des Covid-19-Ausbruchs und nach der Erklärung des globalen sanitären Notstands und der sich daraus ergebenden Notwendigkeits- und Dringlichkeitsverordnung Nr. 297/2020 per Erlass der Nationalexekutive in der Republik Argentinien, welche die Zirkulation der Personen i. allg. einschränkt, erscheint es angebracht, kurz die vorgesehenen allgemeinen Bestimmungen und die betreffende Unmöglichkeit ihrer Erfüllung in Fällen höherer Gewalt gem. der argentinischen Gesetzgebung zu analysieren.

Auf dieser Grundlage bezweckt dieser Text folgendes:


· Die allgemeinen Prinzipien festzulegen, welche dazu verhelfen können, die Verantwortung in einem Fall der Nichterfüllung im gegenwärtigen Kontext zu bestimmen.

· Allgemeine Empfehlungen in Zusammenhang mit unter argentinischer Gesetzgebung geltenden Verträgen anzubieten.

Die im Anschluss aufgezeigten Grundsätze ziehen keine Sondersituationen in Betracht und stellen auch keine rechtliche Meinung dar. Sie sind gem. ihren eigenen Merkmalen zu analysieren, da sie von Sonderbestimmungen oder durch vertragliche Vorkehrungen beeinträchtigt werden können.

Was ist im argentinischen Gesetz unter höherer Gewalt zu verstehen?


Als zufälliges Ereignis oder höhere Gewalt wird die Tatsache betrachtet, die nicht vorsehbar war oder die zwar vorgesehen wurde, aber nicht vermieden werden konnte. Die überkommene, objektive, absolute und definitive Unmöglichkeit der Dienstleistung auf Grund des zufälligen Ereignisses oder der höheren Gewalt, löscht die Verbindlichkeit ohne Verantwortung.


Ist die überkommene Unmöglichkeit temporär, so hat diese eine erlöschende Auswirkung, wenn die Frist ausschlaggebend ist oder wenn ihr Fortdauern das Interesse des Gläubigers unumkehrbar frustriert.


Wie weiter oben festgelegt, enthebt i. allg. das zufällige Ereignis oder die höhere Gewalt der Verantwortung, es sei denn, es bestehen anderslautende Bestimmungen. Dessen ungeachtet ist in Betracht zu ziehen, dass das zufällige Ereignis oder die höhere Gewalt nicht automatisch zur Anwendung kommen, weshalb derjenige, der sich gezwungen sieht, einer zuvor eingegangenen Verpflichtung nachzukommen, sich ausdrücklich darauf zu berufen und deutlich das Verhältnis zwischen der Situation höherer Gewalt und seiner Nichterfüllung darzulegen hat.

Welche anderen Institute können in diesem Kontext gem. argentinischer Gesetzgebung angewandt werden?


In der argentinischen Gesetzgebung gibt es außer des zufälligen Ereignisses und der höheren Gewalt weitere Institute, die im gegenwärtigen Kontext als Folge des Covid-19-Ausbruchs angerufen werden könnten.


(i) Unvorhersehbarkeit. Wenn im Rahmen einer nicht zufälligen Vertragsbeziehung mit nachträglicher oder ständiger Ausführung, die Dienstleistung einer der Parteien auf Grund einer außerordentlichen Verzerrung der zum Zeitpunkt der Vertragsschließung herrschenden Umstände aus den Parteien fremden Gründen und wegen des eingegangenen Risikos, das sie beeinträchtigt, übermäßig kostspielig wird, so hat diese Partei das Recht, die Auflösung des gesamten Vertrags oder von Teilen davon oder seine Anpassung zu beantragen. Die gleiche Regel gilt für den aleatorischen Vertrag, wenn die Dienstleistung aus zufälligen Gründen übermäßig kostspielig wird.

Im Unterschied zu den Fällen höherer Gewalt und aufkommender Unmöglichkeit, fordert die Unvorhersehbarkeit nicht, dass die Erfüllung der Verpflichtung unmöglich ist; es reicht dazu aus, dass sie übermäßig kostspielig ist, dass sie nicht Teil des bei Vertragsschließung eingegangenen Risikos ist und dass sie nicht auf das eigene Handeln zurückzuführen ist.

(ii) Aufhebung der Erfüllung. Bei bilateralen Verträgen, bei denen die Parteien ihre Verpflichtungen simultan zu erfüllen haben, kann eine der Parteien die Erbringung der Leistung unterbrechen, bis die andere ihre Verpflichtung erfüllt oder sich anbietet, diese zu erfüllen.

(iii) Präventiver Rechtsschutz. Eine Partei kann ihre eigene Erfüllung aufheben, wenn ihre Rechte durch einen schwerwiegenden Schaden bedroht werden, weil die andere Partei eine bedeutende Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit zu erfüllen oder ihrer Solvenz erlitten hat. Die Aufhebung wird wirkungslos, wenn die andere Partei ihren Teil erfüllt oder ausreichende Sicherheiten bietet, dass die Erfüllung erfolgen wird.

Kann das Covid-19 eine der Parteien von der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen befreien?


Das Vorhandensein einer Befreiungsursache auf Grund höherer Gewalt oder überkommener Kostspieligkeit im gegenwärtigen Kontext der Covid-19-Pandemie wird aus dem Zusammenhang mit der Folge zwischen dem COVID-19 und den demzufolge getroffenen Maßnahmen und der Nichterfüllung zusammenhängen.

In Anbetracht der besonderen Bedeutung, welche die argentinische Rechtsordnung dem guten Glauben in Ausübung der Rechte einräumt, und des ausdrücklichen Verbots ihrer mißbräulichen Anwendung, wird angesichts des Szenarios eines Streitfalls die vorherige und nachträgliche Verhaltensweise des Säumigen ebenfalls besonders ausschlaggebend sein.


Die Situation der Nichterfüllung im Rahmen des sanitären Notstands auf Grund von Covid-19, kann – im Allgemeinen – auf zwei Voraussetzungen fußen:


· (i) Bestimmungen der Regierung, wie eine allgemeine oder besondere Einschränkung der Aktivitäten, Befehl Anlagen oder Geschäftslokale zu schließen und Pflichtquaräntenen mit Einschränkung der Anzahl Mitarbeiter. · (ii) Faktische Sachlagen, wie Unterbrechungen der Lieferkette, allgemeine Erkrankung der Belegschaft, Beschränkungen der Fernarbeit.

Im ersten Fall wird der Beweis des zufälligen Ereignisses oder der höheren Gewalt einfacher ausfallen, da sie auf objektiven Umständen und auf staatlichen Beschlüssen fußen. Im zweiten Fall wird der Beweis schwieriger sein, da das Eintreten des zufälligen Ereignisses unmittelbar mit Entscheidungen der Parteien in einem ungünstigen Rahmen zusammenhängt. Wie weiter oben bereits erklärt, ist in Betracht zu ziehen, dass sowohl die Pflicht des guten Glaubens, als auch die Beschränkung des Rechtmissbrauchs und die Pflicht den Nächsten nicht zu schädigen implizieren, dass die betroffene Partei vernünftige Maßnahmen ergreift, um die vom Kontext aufgezwängten Auswirkungen einzudämmen.

Ist höhere Gewalt in allen Fällen eine Befreiungsursache?

Weder die höhere Gewalt noch die übertriebene Kostspieligkeit wirken automatisch, wobei die Vertragsbestimmungen, welche freiwillig die Beziehung zwischen den Parteien regeln, - falls vorhanden -, von besonderer Bedeutung sind.

Es ist in Betracht zu ziehen, dass selbst bei einem zufälligen Ereignis oder angesichts der Unmöglichkeit der Erfüllung, der Schuldner in folgenden Fällen verantwortlich ist:

a) wenn er die Erfüllung selbst bei Eintreten eines zufälligen Ereignisses oder einer Unmöglichkeit verantwortet hat;

b) wenn aus einer gesetzlichen Bestimmung hervorgeht, dass er nicht wegen eines zufälligen Ereignisses oder der Unmöglichkeit der Erfüllung befreit wird;

c) wenn er im Verzug ist, es sei denn, dieser ist für das Eintreten des zufälligen Ereignisses oder der Unmöglichkeit der Erfüllung nicht von Bedeutung;

d) wenn das zufällige Ereignis oder die Unmöglichkeit der Erfüllung aus seinem Verschulden eintreten;

e) wenn das zufällige Ereignis oder ggfs. die Unmöglichkeit der Erfüllung, die daraus hervorgeht, eine Kontingenz darstellen, die dem Risiko der Sache oder der Aktivität eigen sind;

f) wenn er als Folge einer Straftat verpflichtet ist zu ersetzen.

Sachverpflichtungen: Es ist wichtig hervorzuheben, dass das zufällige Ereignis nicht als Befreiungsursache bei Verpflichtungen greift, Sachen nur auf Grund ihrer Gattung oder Menge zu geben (z.B. Sachverpflichtungen), sofern die geschuldete Sache nicht zuvor individualisiert worden ist. Zum Beispiel, wenn Geldbeträge oder eine bestimmte Menge Getreide zu geben sind, dann befreit die Ursache der höheren Gewalt den Schuldner nicht, es sei denn, die Geldscheine oder das Getreide sind bereits ordentlich individualisiert worden. Im Fall von Medikamenten könnte interpretiert werden, dass die Lieferung einer bestimmten Menge Wirkstoffe eine Sachverpflichtung darstellt, die demnach nicht von höherer Gewalt betroffen ist, bis die geschuldete Sache nicht ordnungsgemäß individualisiert worden ist.

Strafklausel: Schließlich ist in Bezug auf Verträge mit festgelegten Strafklauseln in Betracht zu ziehen, dass der Befreiungsumstand wegen zufälliger Ereignisse restriktiv auszulegen und anzuwenden ist. Selbst wenn die Partei evtl. von der Erfüllung der Verpflichtung auf Grund des Kontextes durch Ausbrechen des Covid-19 befreit wird, der Vertrag aber eine spezifische Strafe bei Nichterfüllung vorgesehen hat, ist die Befreiungsursache näher zu analysieren und deshalb mit größerer Bestimmtheit zu begründen.

Allgemeine Empfehlungen in Zusammenhang mit geltenden Verträgen nach argentinischer Gesetzgebung.

1) Untersuchen, ob die laufenden Verträge spezifische Vorkehrungen in Bezug auf höhere Gewalt oder auf Unvorhersehbarkeit enthalten. Im Allgemeinen ist es so, dass die Verträge, welche diese Situationen vorsehen, Mechanismen zu ihrer Anwendung festlegen, so wie eine Mitteilung binnen einer vorbestimmten Frist, vorläufige Aufhebung der Nichterfüllung und Auflösung nach Ablauf der Aufhebungsfrist.

2) Alle getroffenen Maßnahmen zur Linderung der Auswirkungen der sanitären Krise ordentlich protokollieren, und diejenigen außerordentlichen und unvorhersehbaren oder unlösbaren Situationen, welche eine Erfüllung der Verpflichtungen unmöglich machen. Die Fähigkeit, diese Tatsachen zu beweisen, wird für den Erfolg ausschlaggebend sein, wenn die Gegenpartei sich weigert zu akzeptieren, dass man von höherer Gewalt betroffen war. Wenn man selbst die höhere Gewalt abstreitet, dann können die getroffenen Maßnahmen, um die Kosten auf Grund der Nichterfüllung durch den Dritten zu schmälern, bei einem Streitfall vom Richter günstig aufgenommen werden.

3) Wenn die Unmöglichkeit der Erfüllung bei einem selbst liegt, dann ist die Situation guten Glaubens der anderen Partei mitzuteilen, und ein Zeitplan mit Aktivitäten festzulegen, um die Auswirkungen der höheren Gewalt zu lindern.

4) Sollten Sie von der Gegenpartei eine Mitteilung über höhere Gewalt erhalten, fordern Sie, dass spezifisch klargestellt wird, welche Ursache sie beeinträchtigt und wie sich diese auf ihre Erfüllungsfähigkeit auswirkt.

5) Im Fall von Verpflichtungen, eine bestimmte Menge oder Qualität Sachen zu geben, ist festzulegen, ob die geschuldete Sache ordentlich individualisiert wurde oder nicht.

6) Wenn die Situation der höheren Gewalt oder Unmöglichkeit nicht permanent ist, ist – soweit möglich – guten Glaubens eine zumutbare Frist zur Erfüllung auszuhandeln. Auf Grund der Natur der Covid-19-Krise ist es höchstwahrscheinlich, dass die Situation der Nichterfüllung vorrübergehend ist. Aus diesem Grund wäre es ratsam Vertragsergänzungen zu unterzeichnen, um den eingegangenen Verpflichtungen ein neues Profil zu verleihen, sofern die Aushandlung dieser Dokumente die Beziehung zu der anderen Partei nicht beeinträchtigt.

7) Wenn Sie nicht die von der Gesundheitskrise beeinträchtigte Partei sind, sollte die Möglichkeit erwogen werden, das Institut des präventiven Rechtsschutzes anzuwenden, falls zumutbar angenommen werden kann, dass die andere Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können wird. Dieses Dokument stellt weder eine rechtliche Meinung noch einen Ratschlag für einen Sonderfall dar. Sollten Sie Zweifel haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.


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